Hace tiempo en el ámbito de la sociedad civil que trabaja en temas de brecha digital y conectividad en zonas excluídas, venimos construyendo sentido sobre lo que llamamos el derecho al acceso. Nos encontramos con cierta asiduidad frente a la disyuntiva de estar peleando por lo mismo que “pelean” los poderes concentrados dentro del ecosistema de Internet: las telefónicas, los grandes proveedores de contenido que cada vez más participan en el sector de infraestructura, agencias de gobiernos centrales u organismos que los agrupan a nivel internacional.
La sociedad civil sin duda tampoco es un “animal” homogéneo; hay organizaciones para las que verse paradas del mismo lado que los actores concentrados no les resulta contradictorio o problemático; pero habemos otras a las que sí nos hace ruido esa situación y buscamos la forma de entender por qué se produce ese fenómeno de asimilación y cómo podemos superarlo.
Reflexionando sobre este problema, se me ocurrió relacionarlo con otro que si bien pertenece a un ámbito diferente, los actores involucrados, de un lado y de otro, tienen similares características. De un lado la concentración, el control, las estrategias verticales “top-down”, del otro la autodeterminación, el trabajo entre pares, la acción de base. El campo es el de la alimentación y la producción de alimentos. Los actores concentrados allí hablan de seguridad alimentaria y abordan el problema desde su perspectiva; el movimiento campesino e indígena por otro lado habla de soberanía alimentaria, entendiendo que hay una dimensión de empoderamiento que es fundamental reconocer. No se está peleando por el derecho a comer, se está peleando por el derecho a la auto-determinación en materia alimentaria.
El derecho a comer es equivalente al derecho al acceso y constituye la perspectiva del poder hacia los desposeídos. El derecho a la soberanía alimentaria no tiene corelación en el ámbito de las telecomunicaciones y por eso caemos permanentemente en la trampa de utilizar los mismos términos de entes que no representan nuestros intereses sino muchas veces el interés opuesto.
El uso del término acceso para identificar este derecho, no es tampoco casual. El acceso implica una perspectiva determinada, la del usuario que accede a un servicio o contenido que no produce, no le pertenece y lo hace en una relación de consumo. Le damos de comer, le damos acceso.
Pero existe otra perspectiva: la de construir desde la base las infraestructuras y tecnologías que el pueblo necesita para satisfacer sus necesidades de estar comunicados, de intercambiar cultura, de conectarse sin ser controlados. El derecho de acceso a Internet se transforma entonces en otra cosa, en el derecho a la co-creación de Internet.
Las comunidades desde esta perspectiva no se constituyen como consumidores desatendidos por el mercado sino como ciudadanos empoderados y como actores culturales que manifiestan una porción de Internet, capaz de alojar sus contenidos y sus servicios, de resolver eficientemente la comunicación local y de hacer llegar su cultura al mundo, tanto como de permitirles acceder a la red global, en igualdad de condiciones, como pares.
Internet es, como la cultura, el cuerpo o la tierra, un territorio en disputa; pero no es un territorio cualquiera, es un fenómeno multidimensional. Podemos entender que hay una dimensión física (la infraestructura), una dimensión lógica (protocolos, estándares, software) y una dimensión cultural (contenidos, mensaje). Lo importante para quienes pretendemos intervenir en esta disputa es comprender que en los tres planos existen estrategias, prácticas y tecnologías que habilitan o inhabilitan ciertos usos, libertades y capacidades.
